Delito Grave

LA SUSPENSIÓN del pago de pensiones por parte del Issstezac bajo la lógica de que son demasiado altas –aunque habría que analizar cómo se obtuvieron-, ya generó una resolución legal que tipifica la omisión como un delito con sanciones severas.

AL NO CUBRIR la remuneración adquirida legalmente, el director del Issstezac está en riesgo de pasar de tres a nueve años en prisión, cubrir una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, además de ser destituido e inhabilitado de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público.

PENSIONES "doradas" ante las que la gobernanza simplemente optó por suspender con argumentos que no se apegan a derecho, ya dieron lugar a la presentación de amparos que comienzan a ganarse y uno de ellos ha trascendido a la opinión pública por una resolución legal que no se acata.

CONSTITUYE la omisión del Issstezac, según el documento que llegó a mis manos, un hecho ilegal por el que un juez notificó al titular del Instituto que debe cubrir ya el pago de la pensión por jubilación de la quejosa que de esta manera laza un precedente de la mayor importancia.

UN TEMA con este desenlace significa que a los pensionados no será fácil seguirlos pisoteando por muy privilegiados que sean (según el criterio y la determinación de quien pretendía arrodillarlos). Muchos ya aceptaron lo que se denomina "re cálculo" porque no podían resistir sin cobrar su pensión.

SERIO el problema que desde luego surge como resultado de una indicación superior al titular del Issstezac que deberá entender perfectamente lo que constituye el apercibimiento de un juez ante una sentencia que por lo visto no atendió en tiempo y forma.

Y GRAVE el asunto porque en términos llanos el juez indica que de mantener esta medida arbitraria e ilegal, el responsable incurre en un delito que amerita las sanciones que ya he comentado demostrando que no basta con discursos y atropellos para salirse con la suya.

ESTABLECIDO legalmente como un asunto de consecuencias serias, el hecho es comparable con la experiencia que vivió Andrés Manuel López Obrador con el célebre desafuero que resultó precisamente de no acatar la instrucción para suspender un acto llevando la situación al extremo que conocimos.

POR cuanto a esta experiencia que derivó en la solicitud precisamente del desafuero. En el caso del Issstezac no existe impedimento alguno para aplicar todo el rigor legal que corresponda porque evidentemente el responsable de la institución no tiene fuero.

LA LEY es clara y por mucha presión que pudiera ejercer el gobierno ante jueces zacatecanos, no podrá salir airoso al suspender pagos como el de los aguinaldos. Son 4 mil 600 pensionados y si todos van al amparo, la misma decisión se multiplicará por este enorme número.

EN ZACATECAS hemos sido testigos de esta clase de decisiones que resultan injustas. El caso de AMLO por lo menos era de utilidad pública (cerrar una calle para tener acceso a un hospital). Aquí lo que se impone es la prepotencia y el autoritarismo. Está en manos de los pensionados llevar el asunto al máximo nivel.